Café de México: ¿democratizar la productividad?

jueves 08 de septiembre


René Ávila Nieto reneavilamx@yahoo.com.- Frente a la incontenible infestación de roya, la renovación de cafetales parece dominar la agenda de todo el sector cafetalero: apoyos gubernamentales, proyectos sociales, financiamientos y hasta campañas de promoción privadas, buscan llevar plantas a los productores. Son loables sin duda los esfuerzos y es alcanzable la meta que se ha fijado el Gobierno de lograr que México produzca 4.5 millones de sacos durante el ciclo de cosecha 2018/2019, y de ahí para adelante.

Pero sin cambiar de fondo las condiciones estructurales del sector café, el volumen perseguido puede volverse irrelevante;  sin  modificarse las reglas del juego, lo que se produzca después de ésta crisis será vulnerable a muchos otros factores; sin tamizar a los actores relevantes y sin garantizar un mínimo de orden institucional para una adecuada correlación de fuerzas, la aspiración de democratizar la productividad seguirá siendo una frase tan vana como incomprensible.

El Programa Integral de Atención al Café (PIAC) de la SAGARPA, tiene como eje principal la operación del denominado PROCAFE e Impulso Productivo del Café, un subcomponente del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, para el cual desde el Congreso fueron etiquetados subsidios del orden de 730 millones para ser ejercidos durante 2016. Considerando conceptos de apoyo como infraestructura para semilleros y viveros, adquisición y establecimiento de plantas, paquetes tecnológicos (insumos), capacitación y asistencia técnica; así como concertando acciones en materia de sanidad, investigación, financiamiento, empleo temporal, etc., el PIAC trabaja a contrarreloj para recuperar  los niveles de producción que se tenían  previo al ataque de la roya.

El constante diálogo con las organizaciones de productores y la apertura a prácticamente todas las corrientes, ha significado un considerable margen de maniobra para la operación del PIAC, mientras que  los esfuerzos por involucrar a prácticamente todas las entidades de Gobierno que concurren en las regiones cafetaleras, abre la posibilidad de multiplicar los recursos.

También, la alarmante presencia de roya en prácticamente todos los Estados cafetaleros del país, ha unificado criterios entre los diputados de todas las fracciones y los mismos se han comprometido a luchar por mayores recursos para el café en los próximos presupuestos públicos.

En general puede aseverarse que las condiciones están dadas para recuperar  la producción, pues no serán los recursos públicos, ni la voluntad política, limitantes para llegar a la meta.

Pero lo que debemos cuestionarnos es si en efecto la recuperación de la producción llegará aparejada de una mejora en las condiciones de competitividad; si en efecto se está contribuyendo a “democratizar la productividad” (como estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo en la cual se inserta y  fundamenta el PIAC) y si en efecto llegar a producir  4.5, 6 ó 10 millones de sacos bajo las mismas condiciones estructurales será una cuestión relevante en los próximos años.  Hay varios elementos que nos hacen suponer lo contrario, a continuación algunos de ellos.

  • La orientación de los subsidios hacia los “Pequeños Productores”

De acuerdo con las Reglas de Operación y las respectivas convocatorias emitidas para acceder a los diferentes componentes de apoyo (planta, viveros, paquetes de insumos, asistencia técnica), la población objetivo se conforma por  “Todos los productores de café cuyas Unidades de Producción cafetalera presente bajos rendimientos y que necesite renovar o repoblar sus plantaciones con el propósito de aumentar su productividad” en tanto que los requisitos de elegibilidad sugieren que la condición de productor es demostrable mediante un folio de registro en el Padrón Nacional Cafetalero y en ausencia de éste, por un  “…contrato de arrendamiento con al menos seis meses de antigüedad avalado por fedatario público o documento que acredite la propiedad del predio destinado a la producción de café…”

Por el tope establecido en  los montos máximos de apoyo se asume que los productores personas físicas podrán aspirar a recibir apoyos para atender hasta 1 hectárea en renovación anual y hasta 3 hectáreas en manejo técnico (podas, limpias, control de plagas, nutrición, etc.,)  en una  plantación previamente establecida; en tanto que como organizaciones de pequeños productores legalmente constituidas, la proporción es de hasta 1,000 hectáreas en renovación y 3,000 hectáreas en manejo. Se trata pues de un esquema de renovación por cuartos en el cual se establece un tope máximo de apoyo, pero no un mínimo.

Cabe destacar que entre los requisitos establecidos para las personas morales se encuentra la presentación de la Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mejor conocida como CLUNI que se otorga mediante a las Organizaciones de la Sociedad Civil que no persigan fines de lucro.

Así, sin una definición clara de lo que para el caso de café significa la clasificación de “pequeño productor”, sin un mecanismo que garantice la pre-existencia de una plantación, sin una línea base que permita medir los “bajos rendimientos” y/o la estructura productiva para justificar la necesidad de renovar o repoblar las plantaciones y, sin un mecanismo que estimule la generación de economías de escala o formación de unidades económicas  rentables; al cierre del mes de abril las casi 130 mil solicitudes de apoyo presentadas ante la SAGARPA (269 de las cuales corresponden a persona moral),  significarían recursos del orden de 3,370 millones de pesos;  esto es más de cuatro veces el presupuesto disponible.

Por supuesto que un Comité Dictaminador tendrá que determinar cuáles son las solicitudes procedentes y de ellas priorizar las ubicadas en los denominados Polos de Desarrollo definidos por SAGARPA, hasta donde los recursos alcancen.

Cabe preguntarse,

  1. ¿Con que tipo de productor se estará llegando a la meta establecida?,
  2. ¿Qué calidades se espera tener cuando se privilegia el uso de variedades más tolerantes a roya?,
  3. ¿Cuáles son las zonas más aptas a las cuales el Gobierno le está apostando?,
  4. ¿Cómo podrá garantizarse la continuidad de las acciones de renovación al término de la actual administración?,
  5. ¿Cuál es la línea base y como habrá de darse seguimiento?,
  6. ¿Que incentivos y herramientas tendrán los productores para mejorar su productividad más allá de plantar nuevos cafetos?,
  7. ¿Cuáles son los estándares mínimos de sostenibilidad con los que se busca producir?.


La actual orientación de los subsidios se asemeja más a un programa clientelar populista que a una estrategia de productividad y en algunos Estados, los apoyos emergentes caminan por el mismo estilo: tratar de darles a todos un poco; democratizar los apoyos, no la productividad.

 

  • El financiamiento a la inversión.

Los resultados de la última Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por INEGI, indican que para 2014 apenas un 10.4 por ciento de las Unidades Económicas Rurales obtuvieron un financiamiento, siendo los proveedores, clientes y cajas de ahorro las principales fuentes antes que la banca. Dichos financiamientos se destinaron principalmente al pago de jornales y adquisición de materia prima. Esta situación no es diferente para el caso de los productores de café, donde a excepción de los productores vinculados a empresas u organizaciones tractoras y de las grandes fincas que cuentan con garantías propias y  fuentes alternas de financiamiento; la mayoría de los productores no tiene acceso al financiamiento formal y competitivo.

Los esfuerzos de la Banca de Desarrollo para detonar mayores volúmenes de crédito en el campo se topan con al menos tres factores que son prácticamente insalvables: poca participación de intermediarios financieros que asuman el riesgo, más allá de los que están vinculados a los compradores de la producción como retenedores; ausencia de garantías reales y, la base de datos del SUSTRAE que lejos de depurarse sigue acumulando a productores en la “lista negra”.

Si bien se ha estado trabajando en diseñar instrumentos para que la banca se “anime” a prestar recursos a los productores, tales como fondos de garantía,  la condicionante de que los Gobiernos de los Estados aporten recursos para la conformación de dichos fondos, vuelve lento por decir lo menos esta alternativa.

Mientras que la tierra como principal activo de los productores no pueda fungir como garantía real, por no ubicarse en su gran mayoría dentro del régimen de pequeña propiedad rural y, mientras que la mayoría de las organizaciones no desempeñen un verdadero rol económico que los conduzca a ser avales y retenedores de crédito; se antoja más que difícil que llegue inversión productiva y competitiva al campo, cuya reforma por cierto ha quedado en el olvido.

Llegar a 4.5 millones de sacos en los próximos años, sin modificar las condiciones para que sea el financiamiento y no el subsidio quien le inyecte dinamismo al campo; es condenar a los productores a seguir dependiendo de los subsidios gubernamentales.

  • Fortalecimiento del marco institucional.

Un breve recorrido por los países productores importantes permite identificar como denominador común a las instituciones cafetaleras si no independientes, sí con cierta fortaleza y capacidades para conducir la acción colectiva.

Aspectos como la asistencia técnica, el control de calidad, la promoción, procesos de comercialización y hasta el financiamiento, son articulados por entidades donde los actores y sus respectivos gremios tienen una participación relevante e interactúan con el Estado. Con instituciones fortalecidas, es posible establecer un mínimo de orden y equilibrio en la correlación de fuerzas que de manera natural se presenta  en la cadena de valor.

Aquí, no se aprecia siquiera una línea de acción encaminada a fortalecer la institucionalidad del sector cafetalero mexicano y tal parece que no hay muchos actores que -integrados al Comité Nacional Sistema Producto-, tengan clara la dimensión de sus responsabilidades.

Producir 4.5 millones hacia 2018/2019, sin un mínimo de orden institucional, representa una puerta abierta a la arbitrariedad y la profundización de las asimetrías entre quien tiene el poder de compra y quien oferta.

  • Cambios en los flujos de comercio.

Tan acostumbrados estamos a ser un país productor-exportador, que no existe siquiera un mecanismo de seguimiento a las importaciones de café que hoy llegan ya no sólo a las plantas maquiladoras como anteriormente se apreciaba justificar, sino a prácticamente todas las plantas torrefactoras  importantes, sea que se destinen o no a la posterior exportación.  De hecho durante los primeros seis meses del presente ciclo productivo 2015/2016 la balanza comercial del café es claramente negativa; se está importando más de lo que se exporta y la tendencia sigue.

Más aún, es casi un hecho que el denominado Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido TPP, donde participa Vietnam;  entre en vigor para nuestro país en 2017, iniciándose la cuenta regresiva para que, pasado un breve período de gracia, el actual arancel de 20 por ciento que aplica México a la materia prima  se reduzca gradualmente hasta llegar a 0 por ciento; esto en el caso del café verde; porque en lo que respecta al café descafeinado, el arancel pasará de 20 a 10 por ciento, en el tostado de 72 a 36 por ciento y en el soluble de 140 a 42 por ciento. Si en la actualidad Vietnam es ya uno de los proveedores más importantes de café robusta par México, ¿que se podrá esperar llegado el momento de la liberación del arancel?, ¿Cuál es la política de producción de café robusta en México frente a la inminente entrada en vigor del TPP?

Por otra parte, el crecimiento del mercado nacional ha propiciado la presencia de otros orígenes que compiten tanto en anaquel como en formatos de barras y cafeterías con el café mexicano.

Bajo esta perspectiva, si no se estructuran mecanismos que permitan cuantificar y verificar el café que se hoy se importa, ¿Cuál es la posibilidad real de que 4.5  millones de sacos a ser producidos en los próximos años sean adquiridos en condiciones competitivas para los productores? Si acaso pretende orientarse a México hacia la producción de cafés diferenciados de alta calidad para el mercado internacional, ¿Cómo nos estamos preparando para tal hazaña?

Nadie debe dudar de que el Gobierno por conducto del PIAC logre la meta de recuperar la producción en los próximos años; pero de ahí a que se mejoren las condiciones del sector hay un enorme trecho. Una cosa es producir y otra muy distinta tener productividad, en tanto que democratizarla se antoja algo aun incomprensible y valdría la pena deliberar al respecto.

Por cierto, no se debería echar en saco roto la propuesta que contiene el más reciente exhorto para la SAGARPA, hecho por la H. Cámara de Diputados (abril de 2016), en el sentido de conformar un Consejo Nacional de Políticas Públicas para el Café. Podría ser un punto de partida. 

 

 

 



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